¿Qué es el escrache?

Tiene su origen en el país argentino, alcanzando su mayor auge durante 1990. En aquella época consistía en protestas pacíficas que se realizaban frente a las viviendas de los exaltos cargos militares, que fueron indultados por el gobierno argentino a partir de 1995, los cuales estaban bajo sospecha de ser los responsables de la desaparición de miles de ciudadanos.

Este primer conato de escrache derivó en los tiempos del “corralito” de 2001, utilizándose frente a los gobernantes que eran considerados responsables de la situación económica de Argentina, utilizándose mecanismos acosadores e intimidatorios.

En la actualidad y fruto del drama social de miles de familias desahuciadas por el impago de su hipoteca, ha sido importada en nuestro país  por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero que ya ha sido derivada a la realización de protestas contra políticos, algunos de los cuales manifiestan haber sufrido insultos, amenazas y coacciones por parte de grupos sociales que vierten sobre éstos sus quejas ante la situación de crisis económica que estamos sufriendo.

La cabeza visible de estas protestas es Ada Colau, líder de la PAH, la cual ha estado sufriendo ataques sobre su persona, incluso de carácter físico, por ser referente del movimiento social que representa.

Si bien los políticos del PP podrían estar achacando estos movimientos sociales al interés político de partidos contrapuestos, prácticamente todos los dirigentes nacionales del PSOE y IU han condenado las coacciones a diputados o concejales, si las hubiere.

Todas las alarmas de los defensores de los usuarios de este modo de protesta pacífica han saltado después que nuestro presidente del Gobierno, desde la calle de Génova, a través de una pantalla de plasma, haya lanzado un llamamiento «a todos los partidos políticos, a todos los españoles para que condenen estos actos antidemocráticos cada vez que se produzcan y que lo hagan sin tibieza y sin incertidumbre». Rajoy, que se dirigía a su junta directiva, describió los escraches como «episodios de acoso», «intimidación» y «violencia verbal» contra «muchos» de sus «compañeros».

Cuando la protesta pacífica desemboca en la comisión de delitos es el momento en el deben actuar las instancias policiales y judiciales, no debería ser antes.

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